Posteado por: A.F.A.G. | 10 febrero 2011

JUGANDO CON EL EMPLEO Y DINERO DE LOS CIUDADANOS.

Por sentencia de apelación número 242/2006 de 30 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias estimó el recurso interpuesto por la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG) frente la sentencia dictada con fecha 23 de enero de 2006 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón; ambas sentencias pueden consultarse en nuestro anterior post Una historia increíble…e interminable.  En aquella ocasión figuraba como demandado el Ayuntamiento de Gijón, autor de las Bases impugnadas, y como codemandado el funcionario que se había beneficiado con las mismas y cuyo nombramiento también fue anulado por la sentencia antes citada.

Pues bien, conocidos estos antecedentes de hecho, ocurrió que una vez se hubo dictado la sentencia de apelación número 241/2006, de 30 de octubre, la representación procesal del funcionario codemandado interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra la meritada resolución judicial, recurso que fue desestimado por Auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de fecha 6 de febrero de 2007, con expresa imposición de las costas procesales a la parte recurrente, es decir, al funcionario codemandado, ya que el Ayuntamiento aceptó la sentencia de Apelación y no planteó incidente alguno.

Tras larga peripecia, y no habiéndose podido cobrar las costas procesales generadas en este incidente de nulidad tras el requerimiento que la AFAG realizó a la representación procesal del funcionario, se procedió a instar judicialmente la tasación de costas, que fue aprobada por Auto del Tribunal Superior de Justicia de fecha 21 de abril de 2010.  Pero el caso es que el condenado al abono de dichas costas procesales tampoco se avino a abonar voluntariamente las mismas, precisando el beneficiario de dichas costas instar la ejecución judicial de la tasación de costas practicada y aprobada por el citado Auto de fecha 21 de abril de 2010.  Admitido el procedimiento de ejecución de la tasación de costas, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo requirió al funcionario para que en el plazo de diez días procediese al pago de la cantidad con apercibimiento de proceder por la vía de apremio. Sorprendentemente, en el plazo concedido al funcionario para el pago quien comparece en el incidente de ejecución es el Ayuntamiento de Gijón, al objeto de acreditar el pago de las costas procesales cuya ejecución se había instado y de las que resultaba deudor el funcionario codemandado y no el Ayuntamiento.  Para acreditar su derecho a comparecer y pagar en sustitución del funcionario, el Ayuntamiento acompaña una serie de Resoluciones de la Alcaldía en virtud de las cuales la Corporación municipal asume los gastos de la defensa jurídica de los intereses del funcionario codemandado frente al recurso que la AFAG había presentado contra las Bases de la convocatoria y el nombramiento que motivaron, e incluso acompaña otra Resolución en la que el Ayuntamiento se hace igualmente cargo de las costas procesales a que ha sido condenado el funcionario codemandado con ocasión del incidente de nulidad que el mismo planteó a la sentencia de Apelación antes citada. Aportamos al lector para su conocimiento la Providencia del Juzgado teniendo por instada la ejecución de la tasación de costas así como escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Gijón y documentos que acompañó al requerimiento efectuado por el Juzgado al funcionario codemandado.

Por sorprendente que parezca, es cierto lo que se acaba de leer: el Ayuntamiento, que jurídicamente parece zurdo de las dos manos, comparece en un procedimiento donde nadie le ha llamado, haciendo ostentación de sus actos muníficos para con aquellos opositores que gozan de su protección. Para estos existe el gratis total a costa del contribuyente, mientras que el resto de los mortales, funcionarios o no, habrán de pagar los gastos judiciales de su propio bolsillo, aún cuando vayan como codemandados del propio Ayuntamiento. Ciertamente resulta increíble esta práctica, que parece generalizada en el Ayuntamiento de Gijón, a tenor de la documentación remitida por él mismo al Juzgado.

Ante semejante actuación, que parece no entrar por los marcos del Código Penal, la AFAG solicitó al Juzgado que, a los efectos oportunos, se diera traslado al Ministerio Fiscal de la documentación presentada por el Ayuntamiento de Gijón; igualmente, AFAG requirió de la Alcaldía la adopción de las medidas adecuadas para reintegrar a la caja pública el importe de las cantidades distraídas, a la vez que se demandaba información de las medidas que, en su caso, se adoptaren. Adjuntamos para su valoración por el lector los escritos de AFAG dirigidos al Juzgado y a la Alcaldía.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, por Auto de fecha 26 de noviembre de 2010, nos contesta considerando improcedente el traslado que se interesa al Ministerio Fiscal sin perjuicio de las acciones que AFAG pueda instar.  Por su parte, a fecha de hoy nada se sabe (ni se espera) de las actuaciones realizadas por la Alcaldía sobre el particular.  Esto tiene que ser normal, al menos si damos por cierto ese conocido adagio donde se afirma que “el dinero público no es de nadie” y que, por tanto, quien lo encuentre para él, ¿o no?.  Ya el Concejal don Santiago Martínez, había manifestado en declaraciones realizadas al diario La Nueva España el pasado día 19 de abril de 2008 que “Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la elección de empleados se hace respetando la capacidad, méritos e igualdad, lo que no impide el nombramiento de cargos de responsabilidad que precisen de una confianza política”, así que estos gastos en la elección de los empleados se realizan para nuestra tranquilidad, para garantizarnos una elección donde se respeta la capacidad, el mérito y la igualdad. Sin embargo, cualquiera acierta a comprender que pagar con el dinero de todos los asuntos particulares de un ciudadano no puede dejarnos muy tranquilos, y que lo peor que se puede hacer es cruzar un precipicio en dos saltos. El Ayuntamiento de Gijón sigue ésta lúcida estrategia.

PD: Concluíamos nuestro anterior post Continúa la camelancia administrativa esperanzados en que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón concediera una oportunidad a los futuros opositores a una plaza de TAE.  Sin embargo, dicho órgano judicial considera en su reciente Auto de 9 de noviembre de 2010 que la sentencia ha sido ejecutada correctamente, y, por tanto, ha convalidado el sistema de acceso del concurso-oposición en lugar de la oposición solicitada por AFAG.

Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón de fecha 9 de noviembre de 2010.

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