Posteado por: A.F.A.G. | 4 noviembre 2009

¿DEFENSORES DE LOS INTERESES ECONÓMICO-SOCIALES DE LOS TRABAJADORES O MAMPORREROS?

Goliat

Toca hoy informar sobre las actuaciones realizadas por AFAG relacionadas con el “Acuerdo de las condiciones de trabajo comunes de los empleados del Ayuntamiento de Gijón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo”, suscrito por la Corporación con los sindicatos CCOO, UGT y SIPLA (Sindicato Independiente de Policía de Asturias). Como sabéis, este Acuerdo fue negociado en la denominada “Mesa general para materias comunes al personal funcionario y laboral”, y en la que la parte social está representada únicamente por los tres sindicatos citados (en términos a que nos hemos referido en un post anterior).

Pues bien, el Acuerdo suscrito se aprobó por la Junta de Gobierno el día 11 de noviembre de 2008 y se publicó en el BOPA del día 23 de febrero de 2009. Contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 11-11-2008, y en defensa de los derechos de los funcionarios, AFAG interpuso recurso contencioso administrativo que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con el número 809/2009, y en el mismo se ha personado como codemandado el SIPLA, para defender la misma postura que el Ayuntamiento y en apoyo del mismo, a la vez que sus propios intereses creados (ventajas de las que gozan y por efecto de las cuales se establece con el Ayuntamiento una solidaridad circunstancial). Lo que no nos parece es que, como representación social que es, se haya personado para defender los intereses de los funcionarios.

Para que el lector pueda juzgar por sí mismo, adjuntamos con el post el escrito de demanda.  En la misma se podrá comprobar que es objeto de nuestro reproche el artículo 25.2, en cuanto establece que el concepto de penosidad (trabajo en festivo y nocturno) que se paga con el llamado complemento específico variable, con la consecuencia que bien conocéis quienes la padecéis, y que explicamos para quien no tenga esta característica en su puesto de trabajo, consiste en pagar el citado complemento solo por día efectivo trabajado, de forma tal que en caso de vacaciones, permiso, baja, etc., no se cobra.  Pues bien, como consideramos ilegal este carácter variable del complemento específico, solicitamos a la Sala que declare su carácter fijo, al igual que el Ayuntamiento lo reconoce para el resto de conceptos que conforman el complemento específico (JP, DS, RDT etc.).

También es objeto de reproche el artículo 28, referido a las indemnizaciones por razón del servicio, que se pagarán todas ellas por el grupo segundo en la cantidad que establezca la correspondiente norma de la Administración del Estado.  Este artículo trampantojo viene de anteriores Acuerdos, y sirve para justificar el pago de las mejores dietas a quienes por titulación no pertenecen al grupo segundo, pero gozan del favor o forman parte de la elite dominante.  Para el común de los funcionarios este artículo no tiene aplicación alguna, al no darse la necesidad de pagar dietas por desplazamientos que pudieran justificar las mismas (admitimos prueba en contrario, muy interesante para llevar estadística de resultados).

En el artículo 84 se regulan las Secciones Sindicales de forma que obviando la Ley, no se reconoce la voluntad de las urnas.  Así, pese a que una organización sindical haya obtenido representación en la Junta de Personal, no se le reconoce el derecho a tener medios materiales para el desempeño de su labor sindical (local, tablón, etc.) sino tiene más del 10 por ciento de representantes en la citada Junta de Personal.  Sin embargo, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para que un sindicato tenga derecho a los medios materiales que le permita ejercer su labor sindical, únicamente exige tener representación en la Junta de Personal, no el estar en posesión de un porcentaje determinado. En este mismo artículo también nos oponemos a que UGT y CCOO (porque estos dos sindicatos son los que se benefician de ello) computen conjuntamente a los representantes de los funcionarios públicos y del personal laboral, para delimitar los derechos y garantías de acción sindical previstos legalmente.  Como se puede comprobar, a quienes tienen reconocidos legalmente los derechos y garantías de acción sindical se les priva de ellos exigiendo, al margen de la Ley, un porcentaje de representantes en la Junta de Personal; y en el otro extremo, para otros, se admite que esos derechos sean mayores de los previstos en la Ley, al permitirles, al margen de la Ley, sumar representantes de funcionarios y representantes de laborales.

Finalmente, nos oponemos a lo previsto en el Anexo V y Anexo XII.B, donde se regula la carrera administrativa. En concreto, porque la carrera administrativa no es una materia común que pueda ser negociada en la Mesa general tal y como se hizo, sino que debió ser negociada en la específica Mesa de funcionarios, donde además de los que negociaron en la Mesa general, que estarían con otros porcentajes, también están otros sindicatos con representación en la Junta de Personal.

Tampoco nos parece bien (a otros sí, y por eso se personan como codemandado), que se regule la perdida del grado personal, por  ser una sanción encubierta; y, por supuesto, tampoco podemos aceptar que para progresar en el grado personal se tenga en cuenta solo los años acreditados en el Ayuntamiento de Gijón, sino que se debe tener en cuenta los años acreditados en cualquier otro Ayuntamiento o Administración en el mismo grupo o subgrupo.  Perjudica esto a todos aquellos que llegaron al Ayuntamiento de Gijón a través de una permuta, o que sin ser así, anteriormente habían trabajado en otra Administración.  Especialmente doloroso es para quienes, previo a que accedieran al Ayuntamiento de Gijón a través de una permuta, tuvieron que firmar un documento en donde renunciaron al grado que tenían consolidado en el Ayuntamiento del que venían; ahora nuevamente os imponen renunciar a los años trabajados en la otra Administración evitando que progreséis en el grado personal.

Este es nuestro planteamiento en defensa de los derechos de los funcionarios, y la evidencia nos evita mayores razonamientos.  Lógicamente, frente al mismo se opone la Administración, y de una manera sorprendente también el SIPLA, que tiene la difícil facilidad de fingir ser defensor y resultar ser verdugo.  Manejan la apariencia, y así van ellos de crecidos.  Que se salen.

“ALGUN DÍA SERÁ PASCUA”

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