Posteado por: A.F.A.G. | 13 mayo 2008

UNA HISTORIA INCREIBLE….E INTERMINABLE.

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<<Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque la elección de empleados se hace respetando la capacidad, méritos e igualdad, lo que no impide el nombramiento de cargos de responsabilidad que precisan de una confianza política>>

Santiago Martínez, Concejal de Hacienda y responsable de la materia de Personal de la Gran Ciudad de Gijón, en declaraciones al diario La Nueva España de 19 de abril de 2008.

Corría el mes de abril del año 2005 cuando al Ayuntamiento de esta nuestra Gran Ciudad comenzaron a llegar varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anulando la convocatoria de diversas plazas de funcionarios correspondientes a las Ofertas de Empleo Público de los años 2000 y 2001.  El motivo por el cual dicho órgano judicial anuló las mismas fue que en todas ellas se escogió como sistema de acceso el “concurso-oposición” en detrimento del legalmente exigido de la “oposición”. 

De las numerosas resoluciones que llegaron, deseamos concentrar nuestra atención en la Sentencia de 22 de abril de 2005, recaída en un procedimiento interpuesto por la Unión Sindical Obrera (USO) contra las Bases de acceso a dos plazas de diplomados en gestión pública (antiguo grupo B). Esta sentencia anuló las citadas Bases, pero resultó que una de las dos plazas de diplomado en gestión pública estaba ocupada por persona de “grandes méritos” ¡políticos!.  Esta persona había presentado solicitud para concurrir en  un procedimiento de promoción interna para una plaza del grupo A), denominada titulado en Dirección y Administración de Empresas o Ciencias del Trabajo, titulación que de entre los funcionarios municipales únicamente poseía el funcionario afectado por la sentencia, y de hecho él era el único que se presentó. Como requisitos necesarios para concurrir a la meritada promoción interna, se exigía pertenecer al grupo B), circunstancia ésta que en aquel momento, abril del año 2005, éste cualificado funcionario había perdido en virtud de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 22 de abril de 2005, Aranzadi JUR 2005\138048.  Pese a ello, el Ayuntamiento inició en el mes de mayo siguiente las correspondientes pruebas para cubrir esa plaza en promoción interna, y cuando hubo finalizado las mismas (lógicamente con el resultado favorable para el único candidato concurrente), y para realizar el nombramiento en propiedad como funcionario del grupo A), esperó a que el exfuncionario volviera a reunir nuevamente la condición o requisito de pertenecer al grupo B) del que había sido privado por la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 22 de abril de 2005.

Para facilitar el Ayuntamiento dio todas las facilidades para que, quien en aquel momento carecía del requisito de pertenencia al grupo B) pudiera volver a adquirirlo.  A saber, como primera medida se descartó tuvieran que repetirse las pruebas selectivas cuyas Bases había anulado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.  Para ello se consideró que la sentencia lo que hacía era invalidar la fase correspondiente al concurso de las pruebas del concurso-oposición anulado, por lo que se afirmó por los regidores municipales que la fase de oposición era legal.  Como segunda medida se aprobó un Decreto de la Alcaldía en el que, en ejecución de sentencia, se acordó la convocatoria de las dos plazas anuladas de diplomados en gestión pública, a través únicamente del sistema de acceso de la “oposición” previsto en la resolución judicial.  Así pues, en su cummplimiento, se acordó convocar al Tribunal de selección nombrado en su momento (es decir, para el concurso-oposición anulado) para retrotraer las actuaciones a la fase de oposición, donde con los resultados obtenidos en la misma, formularía la correspondiente orden de clasificación definitiva, elevándose a la Alcaldía la propuesta de nombramiento del aspirante que mayor puntuación hubiere obtenido.  Realizada esta “oposición” secreta, sin convocatoria pública ni exámenes, el  Tribunal realizó propuesta de nombramiento para el grupo B), nuevamente en la misma persona que había propuesto ya en el concurso-oposición anulado.

 Con el reciente nombramiento, el ya nuevamente funcionario del grupo B pudo aportar la documentación exigida en la promoción interna para el grupo A), que había quedado en suspenso mientras se solventaba el problema menor de pertenencia al grupo B).  Felizmente, el funcionario fue nombrado en propiedad para la plaza de titulado superior, Licenciado en Dirección y Administración de Empresas o Ciencias del Trabajo.  En menos de dos meses, por “oposición secreta” se adquirió la condición de funcionario del grupo B), y por promoción interna la del Grupo A).

Parecía un final feliz (para el empleado en cuestión, por supuesto), mas otro sindicato nunicipal, en concreto la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG), impugna judicialmente el nombramiento de titulado superior, argumentando que las Bases vulneran el principio de igualdad al reservarse para la promoción interna el cien por cien de las plazas de Licenciado en Dirección y Administración de Empresas y Ciencia del Trabajo que se convocaban, y que a la fecha del nombramiento para el empleo del grupo A), el opositor no tenía el requisito de pertenecer al grupo B), para el que ni tan siquiera había sido propuesto, y además tampoco cumplía el requisito de tener dos años de antigüedad en este grupo B) exigido en las propias Bases que regulaban la promoción interna al grupo A).

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, en Sentencia de 23 de enero de 2006, no vio nada anormal y desestimó el recurso presentado por la AFAG.  Sin duda la justicia es ciega, o al menos lleva una venda en los ojos que impide ver.  Sin embargo, interpuesto el correspondiente recurso de apelación frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso, el mismo fue resuelto por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de octubre de 2006, que apreció todas y cada una de las irregularidades denunciadas, estimando en consecuencia la apelación presentada y anulando el nombramiento para la plaza del grupo A), así como las Bases que para su provisión se habían publicado en el BOPA número 256 de 14 de noviembre de 2004.  Parece, pues, que al final la justicia no es tan ciega. Ofrecemos al lector interesado el texto de ambas resoluciones judiciales, la del Juzgado de lo Contencioso, que avaló la actuación municipal, y la de la Sala, que, por el contrario, la censuró jurídicamente:

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Gijón

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias

Pese a que frente a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias no era posible recurso alguno, el Ayuntamiento presentó escrito anunciando recurso de casación, y la representación procesal y legal del funcionario beneficiado que compareció como codemandado en ambas instancias (con abogado a cargo de las arcas municipales, por cierto) presentó recurso de nulidad.  Ninguno de estos recursos prosperó.

Mientras se sustanciaba este recurso presentado por AFAG, la promoción no se detenía y el empleado público a quien se había promocionado al grupo A), había ya ascendido a las más altas cotas de gloria a las que puede aspirar un funcionario en la Gran Ciudad de Gijón era ya Jefe del Servicio de Organización y Sistemas, plaza para cuyo desempeño la Relación de Puestos de Trabajo de la Gran Ciudad de Gijón exigía pertenecer al grupo A).  Así es que al momento de dictarse la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de octubre de 2006, el Ayuntamiento se encuentra con que un funcionario que desempeña un puesto de Jefatura de Servicio acaba de ser desposeído de tal condición por la sentencia de la plaza del grupo A) exigida por la Relación de Puestos de Trabajo para poder desempeñar esa Jefatura de Servicio de Organización y Sistemas.  Para solucionar este problema se vuelven a tomar medidas, la primera es modificar la Relación de Puestos de Trabajo para el año 2007, abriendo la Jefatura del Servicio de Organización y Sistemas al grupo B), es decir se pueden presentar quienes pertenezcan al grupo B) o al A).  Como segunda medida dilata la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 30 de octubre de 2006, lo que se realiza por un Decreto de 13 de septiembre de 2007, y se cesa al funcionario de esta peripecia en el puesto de Jefe del Servicio de Organización y Sistemas dado que se le revoca el nombramiento para la plaza del grupo A, ahora A1 según el nuevo Estatuto Básico, quedando adscrito al grupo B, hoy A2 (aquella que adquirió a través de la “oposición secreta” que referimos).  Y como tercera medida se vuelve a convocar por el sistema de libre designación, próximamente se publicará la convocatoria en el BOPA, la plaza de Jefe del Servicio de Organización y Sistemas, a la que ahora se pueden presentar funcionarios que pertenezcan al grupo A o B (ahora A1 y A2).

Actualmente esta triste historia de nepotismo no tiene final, pero se admiten apuestas y animamos a los asíduos lectores del blog a que expongan las suyas en este foro. La nuestra es que el funcionario en cuestión volverá a ser nombrado para la Jefatura del Servicio de Organización y Sistemas. 

Mas los gijoneses pueden estar tranquilos, porque no en vano  el señor concejal del ramo nos ha dicho en la Nueva España del día 18 de abril de 2008, que la selección de los empleados se hace respetando la capacidad, méritos e igualdad. ¡Y no le cae la cara de vergüenza!.

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Responses

  1. He leído detenidamente tanto la sentencia del Juzgado como la de la Sala, y respecto a la primera…..en fín, si un estudiante de derecho administrativo en la facultad hubiese hecho tal razonamiento no aprobaría la asignatura en lustros. En el fundamento jurídico tercero de la Sentencia del Juzgado el magistrado parece haber estado escuchando la letra de la yenca, con idas y venidas que únicamente tenían como objeto no quitarse la venda que voluntariamente parece haberse puesto, pues a la vista de tal resolución judicial no puede caber la menor duda de que lo primero que se ha elaborado es el fallo, que después se ha tratado de “avalar” con razonamientos jurídicos dignos del mejor Cantinflas. Y en lo que respecta a la no apreciación de indicios de desviación de poder en la actuación municipal a la hora de elaborar una plaza para la promoción interna cuyos requisitos únicamente ostentaba un funcionario municipal (¡¡¡!!!) aquí el juzgador no se ha puesto sólo la venda de la justicia en los ojos, sino unos espesos tapones de cera en los oídos. Prueba de ello es el bofetón que le otorga la Sala en el fundamento jurídico cuarto de la sentencia de apelación.
    Esta actuación municipal demuestra que en un siglo no hemos avanzado nada en cuanto al caciquismo imperante en los municipios. En este aspecto, me gustaría recordar una escena de la última película de Garci, “Luz de domingo”. En ella, cuando el jovencísimo Secretario municipal se niega a someterse a los manejos del cacique cuando éste pretende amañar el orden del día de un pleno (aprovechando que en el mismo no estarán los ediles de la oposición) para incluir en el orden del día el establecimiento de unas tasas, es atacado por los tres hijos y el criado del regidor y obligado a observar cómo su prometida es violada sucesivamente por los retoños del alcalde. Cuando el criado se dirige al alcalde y le dice “Señor,¿y yo?”, el cacique (magníficamente interpretado por Carlos Larrañaga) le dirige una de esas miradas que matan y le espeta un “´¡Imbécil! Esto no es placer, esto es política”.
    Me pregunto qué hubieran hecho nuestros juzgados si tuvieran que conocer de actuaciones municipales como la que se abordó en la película de Garci.

  2. Lo peor del caso es que la sentencia del TSJA va a resultar totalmente ineficaz e inejecutable, papel mojado. Incluso es como la estrella de los Reyes Magos, pues ofrece una guía al Ayuntamiento respecto a cómo debería proceder.

    Que este tranquilo el funcionario en cuestión, que no va a coger una “moyadura”. Siempre quedarán las corruptelas disfrazadas de instrumento técnico de ordenación del personal. Protegido por el paraguas de la “sacrosanta” potestad de autoorganización del Ayuntamiento, se modificarán las RPT que resulten necesarias y listo, ya tenemos un nuevo Jefe de Servicio. Además, dada la especialización del cargo hay que singularizar el puesto y sino al tiempo.

    Ah! Una última reflexión. ¿Cómo puede ser posible que el Ayuntamiento de Gijón se haya hecho cargo del abono de las minutas de letrado y procurador del funcionario?. En ningún caso fue denunciado, querellado o demandado por un acto en el ejercicio cotidiano de sus funciones públicas. ¿Dónde está la austeridad, racionalidad y optimización de recursos públicos?. Además, en este caso un Jefe de Servicio, Grupo A (ahora A1 por mor del cambio legislativo), tiene capacidad y cualificación suficiente para defenderse en un procedimiento contencioso-administrativo él mismo, o no????


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